„Persecución“ y „ataque al proceso democrático“: reacciones a la condena contra Cristina Fernández

Publicado:
7 dic 2022 00:27 GMT

La vicepresidenta de Argentina fue sentenciada en primera instancia a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

La condena a seis años de prisión en contra de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por „administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública“, ha generado una ola de reacciones. 

Cientos de militantes peronistas se concentraron este martes en las afueras de los tribunales federales de Buenos Aires para expresar su respaldo a Fernández de Kirchner, al tiempo que numerosos políticos rechazaron la decisión judicial en contra de la vicepresidenta.

Desde el peronismo

El ministro de Defensa de Argentina, Jorge Taiana, respaldó declaraciones previas de Fernández de Kirchner, quien ya antes del juicio había predicho que sería condenada. 

„Los peronistas ya conocimos la proscripción y la derrotaremos una vez más“, expresó una usuaria de Twitter en su cuenta, junto con la etiqueta #TodosConCristina. 

El canciller argentino, Santiago Cafiero, escribió en un trino que la justicia solo operó „para perseguir y proscribir a la compañera“.

„La causa es una mentira, por eso la sentencia ya estaba escrita. Como siempre, el pueblo peronista va a estar para acompañarla“, tuiteó. 

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se dijo que la condena „constituye un ataque al proceso democrático“, a la vez que se rechazó la sentencia porque „busca cercenar los derechos políticos de la vicepresidenta y del electorado, como otra muestra más del funcionamiento del ‚lawfare‘ en Argentina“. 

En tanto, la legisladora Claudia Neira, del bloque de Frente de Todos en la Cámara de Diputados de Buenos Aires, afirmó que el juicio contra la vicepresidenta fue, en realidad, una persecución. 

Por su parte, el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil también manifestó su respaldo a la vicepresidenta argentina. 

„Todo el apoyo para la compañera @CFKArgentina, víctima de persecución y politización del poder judicial. El PT está de tu lado, ¡fuerza, la verdad ganará!„, escribió la presidenta de la organización, Gleisi Hoffman, en su cuenta de Twitter.

El secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, denunció que el proceso judicial estuvo „repleto de irregularidades y falta de pruebas“. Para el político europeo, la sentencia forma parte del „golpe de guerra jurídica contra los gobiernos progresistas de América Latina“.

„Van contra Cristina porque persiguen las políticas de redistribución del ingreso, la igualación de oportunidades, el matrimonio igualitario, la decisión por la soberanía económica y el compromiso con los más humildes. Y con eso no van a poder“, expresó, por su parte, el diputado español Íñigo Errejón, del Grupo Plural.

Tras conocerse la condena, Fernández de Kirchner aseveró que en Argentina hay „un Estado paralelo y una mafia judicial“.

En un mensaje de poco más de una hora, la vicepresidenta anunció que no será candidata „a nada“ en las próximas elecciones, pautadas para 2023. 

„No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en período electoral por una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, por administración fraudulenta. ¿A mí, administración fraudulenta? ¿Y estos, los amarillos, que nos dejaron 45.000 millones de dólares (de deuda) con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín?“, cuestionó.  

Largo proceso

La condena no implica el encarcelamiento de Fernández de Kirchner, ya que gracias a su cargo como vicepresidenta cuenta con fueros. Para llevarla a prisión, antes debería enfrentar un juicio político que la destituya del cargo para el que fue elegida y cuyo mandato vence el 10 de diciembre de 2023.

Además, sus abogados apelarán toda sentencia de culpabilidad, por lo que el fallo deberá pasar para su análisis a la Cámara de Casación Penal. La última etapa se dirimirá en la Corte Suprema de Justicia, en un proceso que puede demorar varios años.